Astillero

Los senadores gringos no quieren entregarle dinero a la administración calderonista si no se aviene ésta a condicionamientos y revisiones varias. Atenidos al sabio dicho de que el que paga manda, una parte legisladora de los donantes de una limosna recortada exigen que el vecino pedigüeño realice reformas legales y judiciales que sean del agrado de los patrones norteños y que las corporaciones policiales y militares que combatan al narcotráfico no cometan violaciones a los derechos humanos ni caigan en la corrupción. Faltan tramos por recorrer en el Congreso estadunidense para saber a final de cuentas en qué quedarán las exigencias relacionadas con la ayuda para el llamado Plan Mérida, pero por lo pronto ya ha quedado claro lo que el calderonismo pretendía hacer como que era un mito genial: que el gobierno gringo no da dinero a cambio de nada y que junto a los dólares vienen presiones y exigencias para satisfacer el gusto del comprador.

En cuestión de dinero hasta los pleitos internos del PRD se someten al pragmatismo. Muy peleados en lo político pero muy entendidos en lo económico: apenas confirmado por el IFE, mediante toma de nota, como presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (AN) abrió caminos de entendimiento subterráneo mercantil con sus opositores que le impugnan en lo general pero le aceptan en particular que en cuestión de billetes no haya pleito. La chequera compartida es un símbolo en efectivo de las reunificaciones alcanzables. Con una dirigencia provisional de menos que medio pelo, y una convocatoria a mediano plazo para nuevas elecciones en las que se cocine un triunfo sin escándalo para alguien que no se apellide Ortega ni Encinas, ya nomás faltará que se repartan por mitad las candidaturas por venir y podría decirse que la crisis del sol azteca fue una anécdota de un portafolio de inversiones a plazo electoral fijo y tasa variable de intereses. En esa línea bursátil, el sustituto AN anunció ayer un instrumento de captación de capitales foráneos (pagables en títulos Mouriño, por ejemplo) que consistirá en la emisión de un plan de reforma energética propio del PRD Chucho, ¡sí señor!, es decir, un proyecto de canjes monetarios, simulación de operaciones opositoras y rendimiento final a favor de lo privado.

La diosa de la fortuna favoreció al predestinado Jorge Alcocer en las rondas de entrevistas que con diputados sostendrán 75 aspirantes a ser consejeros del Instituto Fe de Errar Electoral (IFEE). Desde el 26 del presente comenzarán las sesiones de calculadas auscultaciones con quienes ya podrán anotar en su historial que “pasaron” a la segunda ronda de la selección amañada de tres funcionarios electorales. Pero el desde ahora seleccionado Alcocer se presentará ante esos sinodales arreglados hasta el 2 de junio, un día antes de que cierren los tales “exámenes”, así es que el ruido mediático que reactive su participación (ya que la suya es una imposición de Manlio Fabio Beltrones) estará venturosamente pegadito a la toma de decisión.

Al paso que van los tales debates senatoriales sobre el petróleo, debería ser innecesaria la nueva entrada en acción de las brigadas de resistencia civil pacífica. Hasta ahora (como volvió a suceder ayer) han sido apabullantes las razones y el discurso en general de quienes se oponen a la privatización deseada por el calderonismo. Inclusive, en función de nombres y prestigios profesionales, ha sido poco vistosa la defensa del proyecto de Los Pinos (tan demeritada ha estado la plantilla del oficialismo que ahora se anuncia la exhumación del histrionismo de Diego Fernández de Cevallos). Si el resultado de estas discusiones y exposiciones fuera tomado en cuenta por los legisladores, el plan pinolero debía ser desechado sin mayores trámites y entonces sí se podría abrir un proceso amplio y sin prisas para encontrar, mediante consenso, medidas adecuadas, no privatizadoras, para mejorar el funcionamiento de Pemex. La Jornada. Julio Hernández López

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La consulta

La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada, está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre el futuro de México

. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex –de aprobarse la llamada “reforma energética” (que no es “reforma” ni es en materia “energética”)–, y crear una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate nacional está tomando otro sesgo.

2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.

3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los posibles reformadores.

4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna (Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006).

5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.

6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional, ya sea “a retazos”, como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe por una contrarreforma constitucional.

7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del petróleo.

8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.

9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.

10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada “clase política”, en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que, con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos. La Jornada. Luis Garrido

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García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional

Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias.

García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”.

El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”.

Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias.

¿Caballo de Troya o iniciativa?

Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales.

Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”.

En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”.

Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas.

Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”.

García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”.

Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”.

Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”. La Jornada. Andrea Becerril y Víctor Ballinas

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Tendencias en el debate petrolero

Tres sesiones en el Senado sobre las iniciativas petroleras han bastado para trazar una tendencia que, sin duda, se irá confirmando con el paso de las aportaciones venideras de los invitados por el FAP. Empezó ya la parte legal y constitucional, sustento de las diferentes concepciones de nación que están en juego. Le seguirán otras de naturaleza técnica o para analizar el uso de excedentes, el monto de la plataforma de exportación, el desarrollo industrial y de medidas fiscales para que las pretensiones de Calderón, presidente del oficialismo más retrógrado y entreguista, queden decantadas ante la opinión colectiva, al menos de su segmento mejor informado.

La tramposa formulación para abrir las puertas al extranjero a través de vericuetos ya conocidos (banca, pensiones, CFE) ha quedado en franca evidencia. Lo mismo ocurre con los intentos privatizadores desperdigados por todas y cada una de las iniciativas (van seis y contando). El contratismo, la fórmula privilegiada de la corrupción gigante (la interna es menor aunque no despreciable) se abre paso de manera descarada en las reformas a la ley de la administración pública, la leyes de adquisiciones y obras públicas y en Ley Orgánica de Pemex. Una cadena completa de modificaciones para regularizar mucho de lo ya hecho de manera lateral, vergonzante, semioculta, ilegal, por los agentes del neoliberalismo que han controlado a la paraestatal. Esa tendencia ideológica de la que hasta Salinas ahora quiere tomar distancia. La que esparce la derecha partidaria alebrestada, vacía e ignorante que llevó Martínez en su discurso, tan atronador como rebuscado. En fin, las inocultables maniobras del imperialismo, desesperado por asegurar sus fuentes de abastecimiento.

Contra la tendenciosa creencia, muy arraigada, por cierto, de pensar este debate como un sencillo sainete sin mayores efectos o trascendencia, hay que repensar lo que está sucediendo y sus posibles repercusiones legislativas. La reforma futura de Pemex contendrá mucho de lo que en este proceso se debate. Ello dependerá, claro está, del peso específico de las fracciones partidarias. Pero, también, de la validez argumentativa, de las evidencias que se vayan dejando asentadas en las discusiones. Lo cierto es que aquello que no haya sido expuesto en estos dos meses de intensos trabajos difícilmente podrá ser incluido en la formulación final. La trastienda acostumbrada no meterá, a última hora, sus apartados adicionales. Sólo prevalecerán las posturas que hayan pasado por la prueba de su exposición abierta. De ahí la importancia de llevar los mejores y claros argumentos, las propuestas mejor integradas. Un avance democrático, un logro de la oposición, sobre todo de esa que va dando pruebas contundentes de capacidad organizativa, la que combina la inteligencia del razonamiento y el espíritu constructivo nacional, con las manifestaciones populares en la calle y la acción decidida y unificada de sus legisladores.

Las posturas de la derecha que, se supone, respaldan las iniciativas de Calderón, han sido medrosas, rebuscadas, laterales, académicas. Sus adalides han cuidado más sus pequeñas o sonantes reputaciones y no dan muestras del coraje necesario para salir a descampado, como lo han hecho los que proponen una industria integrada, propia, que sea el efectivo motor, la palanca del desarrollo industrial y tecnológico de México. La derecha y sus avanzados en maestrías varias han atacado por los flancos, rehuyendo el meollo del asunto. Empiezan por exhibir sus reductos académicos, generalizadores y catalogan la renta petrolera y su confinamiento a la sección extractiva de crudo. El resto de la cadena, por quedar sujeta a los rendimientos del capital invertido, se exime del alcance constitucional y queda, por tanto, a merced de la ambición privada. Siguen por inventariar los casos externos de supuesto éxito privado pero olvidan el creciente catálogo adicional de las experiencias nacionalizadoras, soberanas e integrales que se dan en abrumadora mayoría en el ancho mundo. Aducen la magnitud de la tarea a desempeñar y concluyen en la necesidad, no demostrada, de dejarse acompañar por la iniciativa de los particulares (sin referentes extranjerizantes, claro está). Inciden, una y otra vez, en la corrupción sindical, pero soslayan la derivada del contratismo con los agentes privados. Traen a colación, como guías de un alumnado de elite (ITAM), sus modelos conceptuales y organizativos que, con el alegato valedero de la transparencia, permitan esa discrecionalidad que ahora prevalece. Apoyan, con prestancia y desparpajo, la inclusión de auxiliares, mandones (consejeros independientes) de sus muchos gerentes colonizados, para que decidan a su mejor entender, siempre y cuando eso signifique mayor entrega y apego a los estándares de eficiencia financiera que se han extendido por todas las corredurías. La independencia tecnológica, el abandono de la ingeniería como sostén del crecimiento brilla por su ausencia en los doctos alegatos de la derecha. La creación de empleo, generado en mayores cantidades a medida que se avanza en la cadena industrial, no es su preocupación.

Los juristas han puesto el acento ahí donde les duele a las iniciativas de Calderón: su abierta, tajante, reluciente inconstitucionalidad, la fase neurálgica de la propuesta. Lejos quedan aquellas aseveraciones de que su tratamiento es impertinente ante tantas modificaciones sufridas. La decisión de soslayarla, dejarla de lado mientras se acuerdan los diseños básicos es, francamente, un contrasentido en tratándose de una reforma legislativa. La validez de sus antecedentes, los girones de vidas dejadas en su formulación, los penosos, prolongados, constantes esfuerzos por arribar a un concepto de propiedad originaria de la nación, se pueden obviar mientras se acuerdan los detalles y el envolvente de la industria. Por el contrario, los constitucionalistas y la historia misma del presente disienten de tal contrasentido conservador y le han dado vigencia y hacen indispensable sus referentes en estos momentos de asedio interesado.

La cerrada actitud de los medios masivos para incidir sobre lo que sucede en este debate es sintomático de las debilidades intrínsecas de la reforma petrolera de la derecha. Se niegan a dar el espacio que merece en sus informativos. Sus escasos y poco atendidos programas de análisis prefieren los aquelarres perredistas por ejemplo. Pero, a pesar de ello, el tema petrolero ha permeado como ninguno en el imaginario colectivo. El tiempo que se ha abierto para la participación ciudadana está siendo aprovechado a cabalidad y la gente, entusiasmada, visita casas, las universidades llaman a la discusión y se atiborran las plazas públicas. Grupos de ciudadanos, asociaciones de profesionales, iglesias, gobiernos y partidos se van sumergiendo en un debate profundo de consecuencias todavía no apresadas a cabalidad. La solicitud de una consulta popular se presenta, cada vez con mayor urgencia, como la inevitable salida a este fenómeno colectivo sin parangón cercano. La Jornada. Luis Linares Zapata

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Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.

Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.

Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.

Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”

Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.

Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.

De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.

El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.

Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.

Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.

De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”

Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.

Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.

De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”

Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.

Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.

Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.

“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
La Jornada Andrea Becerril y Víctor Ballinas

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El Estado, obligado a consultar la reforma energética: Castro y Castro

Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie, expuso el ex ministro de la SCJN.

La Jornada On Line

México, DF. "Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie", dejó en claro el especialista en Derecho constitucional, Juventino Castro y Castro, al exponer su análisis sobre la iniciativa de reforma energética, en las que argumentó que el aprovechamiento del petróleo no debe quedar nunca bajo el control o interés privado y que el Estado está obligado a realizar una consulta popular sobre dicho tema.

Durante su intervención, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la Constitución no sólo es el un "texto supremo o un conjunto de 'mitos', sino el basamento de la identidad mexicana".

Uno de estos valores de identidad nacional, dijo, descansa en los artículos 25, 27 y 28 relacionados con la propiedad pública, privada y social bajo la óptica de un beneficio colectivo sobre el interés individual.

Este mismo mandato, adujo, establece que en las áreas como son el petróleo y la electricidad no se admiten concesiones o permisos particulares. Dirimir en los alcances de estos preceptos, agregó, significará debatir si tales mandatos son "poesía celestial o normatividad obligatoria para el bien del pueblo".

Bajo esta óptica, Castro y Castro resumió en ocho puntos su postura con relación a la iniciativa de reforma energética presentada por el Poder Ejecutivo.

1. El Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir la Constitución; sin embargo reconoció que el proyecto no propone modificar directamente el mandato supremo. De aprobarse algo contrario al espíritu constitucional, dijo, "pondríamos en peligro la paz social del país".

2. Es obligatorio tomar determinaciones que permitan recuperar la funcionalidad de Petróleos Mexicanos.

3. Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, debe ser considerada como inconstitucional. De aprobarse la iniciativa se estaría autorizando que Pemex involucre al sector privado en el manejo de la industria petrolera nacional.

4. Es evidente que existe el intencionado propósito de introducir confusión sobre lo establecido en la Constitución para áreas prioritarias y lo decretado exclusivamente para áreas estratégicas. Según lo señalan los artículos 27 y 28 constitucionales, el manejo de estos recursos se ordena exclusivamente al Estado y los sectores social y privado pueden auxiliarlo pero en lo relativo a las áreas prioritarias.

5. De autorizarse los contratos de riesgo será necesario vigilar y fiscalizar que no ocurra lo mismo que con los contratos de servicios múltiples, los cuales pemiten intervenir al sector privado en área estratégicas del petroleo y electricidad.

6. Es criticable la propuesta de emitir bonos ciudadanos bajo la idea de que ello pemitirá a la paraestatal un mejor desempeño. "Resulta menos exótico pero siempre contrario a la intención constitucional que una paraestatal con tan inmensos beneficios en lugar de ordenar la reinversión de sus utilidades expida bonos en calidad de créditos para manejar una empresa que debiera ser exitosa".

7. De acuerdo con el artículo 26 constitucional, el Ejecutivo está facultado para establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática. Por ello, dijo, la iniciativa presentadas por el Ejecutivo federal requiere para su aprobación consulta previa a la soberanía popular porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subusuelo y así pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre tales iniciativas.

8. Queda por resolver si la consulta popular debe realizarse antes de discutirse parlamentariamente la iniciativa o después de que se hubieren aprobado las modificaciones en las leyes ordinarias.

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Dos visiones de Constitución se enfrentan por la reforma

El sociólogo Arnaldo Córdova y los juristas Héctor Fix Fierro, Arturo Zaldívar, Juventino Castro y Castro, Mario Becerra y Jaime Cárdenas discuten reforma petrolera desde el derecho.

La Jornada On Line

México, DF. Los seis expertos en derecho discutieron el sustento jurídico de la iniciativa del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, en materia energética, en el marco del debate que se lleva a cabo en la casona de Xicoténcatl del Senado de la República.

Lo que mostró el debate fueron dos visiones de la Carta Magna, de su espíritu y las posibilidades de interpretarla, de reformarla y utilizarla.

El ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, sostuvo que cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, debe ser considerada como inconstitucional. De aprobarse la iniciativa, añadió, se estaría autorizando que Pemex involucre al sector privado en el manejo de la industria petrolera nacional.

Arnaldo Córdova, sociólogo y colaborador de La Jornada, coincidió con sus reservas sobre la iniciativa presidencial, y afirmó que la propuesta energética, más que ser insconstitucional, va en contra de la Constitución. Si se permite la participación de capital privado en la industria petrolera, señaló, se está privatizando, y la Carta Magna marca que no se pueden poner refinerías en manos privadas.

En la misma línea se pronunció Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral y experto en derecho constitucional. Rechazó la iniciativa de reforma energética presentada por Calderón porque implica la privatización de Pemex, viola la Constitución y limita las facultades del Congreso y del poder Judicial para ceder a los intereses de particulares y extranjeros.

En sentido contrario, el director de la Escuela Libre de Derecho, Mario Becerra Pocoroba, sostuvo que el Artículo 27 constitucional protege la propiedad del petróleo, mas no establece privilegios exclusivos para explotarlo. Argumentó también que los contratos de prestación de servicios propuestos en la reforma energética del presidente Calderón tienen pleno sustento constitucional.

A medio camino entre el rechazo y el apoyo estuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, catedrático tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como de la Libre de Derecho. Calificó la reforma de "constitucional pero perfectible", y explicó que hay posibilidad de enriquecer tal proyecto sin que ello signifique que el Estado pierda la propiedad de los productos ni el control de los procesos de producción.

Por su parte, el director del Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, aseveró que “nada en la Constitución impide que el Estado encargue ciertas clases de transformación los hidrocarburos a los particulares, por ejemplo la refinación, manteniendo la propiedad y el control del recursos y todos sus productos, pero nada tampoco lo obliga a ello”.

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