El Estado, obligado a consultar la reforma energética: Castro y Castro

Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie, expuso el ex ministro de la SCJN.

La Jornada On Line

México, DF. "Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie", dejó en claro el especialista en Derecho constitucional, Juventino Castro y Castro, al exponer su análisis sobre la iniciativa de reforma energética, en las que argumentó que el aprovechamiento del petróleo no debe quedar nunca bajo el control o interés privado y que el Estado está obligado a realizar una consulta popular sobre dicho tema.

Durante su intervención, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la Constitución no sólo es el un "texto supremo o un conjunto de 'mitos', sino el basamento de la identidad mexicana".

Uno de estos valores de identidad nacional, dijo, descansa en los artículos 25, 27 y 28 relacionados con la propiedad pública, privada y social bajo la óptica de un beneficio colectivo sobre el interés individual.

Este mismo mandato, adujo, establece que en las áreas como son el petróleo y la electricidad no se admiten concesiones o permisos particulares. Dirimir en los alcances de estos preceptos, agregó, significará debatir si tales mandatos son "poesía celestial o normatividad obligatoria para el bien del pueblo".

Bajo esta óptica, Castro y Castro resumió en ocho puntos su postura con relación a la iniciativa de reforma energética presentada por el Poder Ejecutivo.

1. El Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir la Constitución; sin embargo reconoció que el proyecto no propone modificar directamente el mandato supremo. De aprobarse algo contrario al espíritu constitucional, dijo, "pondríamos en peligro la paz social del país".

2. Es obligatorio tomar determinaciones que permitan recuperar la funcionalidad de Petróleos Mexicanos.

3. Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, debe ser considerada como inconstitucional. De aprobarse la iniciativa se estaría autorizando que Pemex involucre al sector privado en el manejo de la industria petrolera nacional.

4. Es evidente que existe el intencionado propósito de introducir confusión sobre lo establecido en la Constitución para áreas prioritarias y lo decretado exclusivamente para áreas estratégicas. Según lo señalan los artículos 27 y 28 constitucionales, el manejo de estos recursos se ordena exclusivamente al Estado y los sectores social y privado pueden auxiliarlo pero en lo relativo a las áreas prioritarias.

5. De autorizarse los contratos de riesgo será necesario vigilar y fiscalizar que no ocurra lo mismo que con los contratos de servicios múltiples, los cuales pemiten intervenir al sector privado en área estratégicas del petroleo y electricidad.

6. Es criticable la propuesta de emitir bonos ciudadanos bajo la idea de que ello pemitirá a la paraestatal un mejor desempeño. "Resulta menos exótico pero siempre contrario a la intención constitucional que una paraestatal con tan inmensos beneficios en lugar de ordenar la reinversión de sus utilidades expida bonos en calidad de créditos para manejar una empresa que debiera ser exitosa".

7. De acuerdo con el artículo 26 constitucional, el Ejecutivo está facultado para establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática. Por ello, dijo, la iniciativa presentadas por el Ejecutivo federal requiere para su aprobación consulta previa a la soberanía popular porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subusuelo y así pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre tales iniciativas.

8. Queda por resolver si la consulta popular debe realizarse antes de discutirse parlamentariamente la iniciativa o después de que se hubieren aprobado las modificaciones en las leyes ordinarias.