Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.

Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.

Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.

Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”

Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.

Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.

De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.

El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.

Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.

Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.

De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”

Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.

Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.

De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”

Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.

Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.

Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.

“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
La Jornada Andrea Becerril y Víctor Ballinas